sábado, 29 de diciembre de 2018

La Tasa Google

En estos días se ha estado hablando en el panorama europeo de la posible creación de una tasa a los gigantes de Internet. Con ello, la Comisión Europea pretende limitar los enormes ingresos de las multinacionales de la economía digital, como Google y Facebook. Este impuesto se ha dado a conocer como la "tasa Google".

 En España el gobierno presentó su adopción de dicho impuesto en un anteproyecto de ley en octubre de 2018 bajo el nombre de Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y está destinado a empresas que alcanzan una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y por encima de tres millones de euros en España.

La noticia es que el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, anunció hoy que su país aplicará a los gigantes de Internet esta "tasa Google", que será de carácter nacional si no hay acuerdo con el resto de sus socios europeos.

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La adopción de esta medida llega bajo la presión de los "chalecos amarillos", quienes reivindicaban la retirada de la subida de impuestos sobre los carburantes y que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido anular completamente para tratar de calmar el movimiento de protesta. Para compensar la pérdida de recaudación con los carburantes, el gobierno francés señaló que quienes tienen dinero son los "gigantes de Internet", que consiguen beneficios considerables gracias al consumidor francés, gracias al mercado francés, y que pagan como mínimo 14 puntos menos que las otras empresas. 


Le Maire ha sido estos últimos meses uno de los principales promotores de un impuesto europeo a los gigantes de Internet por el 3 % de su facturación. Sin embargo, ante la reticencia de varios de sus socios de la UE, y en particular de Alemania, París y Berlín alcanzaron un compromiso el pasado lunes que reduce la propuesta inicial, de modo que la base imponible se limitaría a la facturación de los servicios publicitarios en línea y no por ejemplo a la venta de datos.

No obstante, esta tasa solo entraría en vigor si no se encuentra una solución a escala internacional que se está negociando en el marco de la OCDE y que encuentra muchas resistencias, sobre todo de Estados Unidos.

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